Las nuevas regulaciones en Cuba para condenar a los que hablen mal del gobierno

El gobierno cubano ha decretado qué está bien y qué no que sus ciudadanos publiquen en las redes sociales.

Poco más de un mes después de las masivas protestas que sacudieron el país -y que se convocaron a través de internet-, las autoridades de la isla publicaron el martes una serie de regulaciones que tipifican por primera vez lo que consideran delitos cibernéticos, que pueden estar sujetos a una acción penal.

Pero no se limitan a la red: consideran como “incidentes de ciberseguridad” desde ataques de virus y “fallos eléctricos” hasta la posibilidad de usar las redes para convocar a una marcha, criticar al gobierno o pedir o incitar a un cambio de sistema.

Los medios oficiales la han llamado “la normativa de más alto rango aprobada en Cuba sobre las tecnologías de la información y las comunicaciones ” y aseguran que buscan ofrecer lo que definen como “una internet ética y buena para la población“.

En las redes sociales, los cubanos, por su parte, lo han llamado una nueva “ley mordaza”, que creen que busca limitar la expresión y coartar su discurso en redes sociales.

Expertos en regulación de internet y organizaciones de derechos humanos han levantado también sus voces ante lo que consideran medidas tendientes a eliminar el debate público.

“Es grave por lo que dice y por el momento en el que se publica, a un mes de las protestas, cuando la comunidad internacional esperaba un paso más hacia escuchar a su población y no hacia reprimir más el discurso”, asegura a BBC Mundo Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“De un lado no se reconocen derechos humanos en los ciudadanos, no se les reconoce la libertad de expresión. Y del otro, lo que los ciudadanos pueden o no publicar en internet se ve desde un enfoque criminal y de guerra”, agrega.

Las nuevas regulaciones fueron publicadas en un momento en el que los cubanos han utilizado las redes sociales no solo para denunciar los numerosos detenidos que aún quedan de la protesta del 11 de julio, sino también las dantescas condiciones que sufren con el colapso del sistema de salud.

Las nuevas regulaciones

Numerosos países del mundo han aprobado -o se han propuesto hacerlo- regulaciones para controlar la difusión de ciertos mensajes en internet, principalmente discurso de odio, difamación, incitaciones a la violencia o al “terrorismo”.

Según las autoridades cubanas, esos son también algunos de los objetivos de las normas que acaban de anunciar.

“Nuestro Decreto Ley 35 (uno de los aprobados) va contra la desinformación y la cibermentira”, escribió en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel.

El viceministro de Comunicaciones, Ernesto Rodríguez Hernández, dijo, por su parte, que las nuevas normas “promueven el impulso de la informatización de la sociedad, al tiempo que defiende los derechos de los ciudadanos refrendados en la Constitución: la igualdad, privacidad y el secreto de las comunicaciones”.

Los expertos consultados por BBC Mundo, sin embargo, señalan que, a diferencia de lo que han hecho otros países, las nuevas regulaciones en Cuba parecen tener una matriz ideológica (el texto de uno de los decretos aclara que busca “defender los logros alcanzados por el Estado Socialista”) y que están orientadas a contener cualquier crítica al sistema.

Y es que las regulaciones establecen 17 delitos o “incidentes de ciberseguridad”, con “niveles de peligrosidad” que van de “medio” a “muy alto” y en muchas ocasiones es el contenido político el que determina la peligrosidad.

Para que se tenga una idea, a diferencia de la mayoría de las regulaciones internacionales de internet, la cubana no menciona ni parece buscar combatir la pornografía infantil, un delito que ha estado detrás de leyes para el control de contenidos en todo el mundo.

La regulación cubana solo menciona la pornografía como “difusión y distribución” de “material pornográfico”, y la considera de un “nivel de peligrosidad” “medio”.

Sin embargo, considera de una peligrosidad “muy alta” la “subversión social”, a la que define como “pretender alterar el orden público y promover la indisciplina social”, el ciberterrorismo, entendido como acciones para “subvertir el orden constitucional” o “la ciberguerra”, a la que llama “métodos de guerra no convencional”, lo que sea que eso signifique.