Mujer furiosa con el ICE por deportar antes del juicio al acusado de violarla

Una mujer del sur de la Florida quería ver que el hombre acusado de violarla fuera a prisión.

En su lugar, un día después que Werner Orozco fue arrestado en Coral Gables bajo un cargo de violación, agentes federales de inmigración se lo llevaron de la cárcel de Miami-Dade. Trece días después, Orozco, quien era un inmigrante indocumentado, fue deportado a su natal Guatemala.

Hoy está libre, probablemente en algún lugar de Centroamérica, sin haber enfrentado a un jurado en un tribunal estatal de Miami-Dade.

“Yo no lo podía creer. Él sigue libre. No le pasó nada”, dijo al Miami Herald la mujer, quien pidió no ser identificada porque fue víctima de una agresión sexual. “Eso no me hizo sentir mejor. Me hizo sentir peor”.

El caso subraya la manera en que las agresivas políticas de detención y deportación bajo el presidente Donald Trump a veces pueden afectar el sistema de justicia penal en Miami-Dade. En tribunales estatales de todo el país ha habido conflictos similares.

En el sur de la Florida ha habido casos de víctimas de delitos arrestadas por la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE). En un caso de pena de muerte, el asesinato de una niña de 12 años, fiscales y abogados defensores de Miami-Dade están tan preocupados por la deportación de un testigo clave que en julio acordaron grabar en video su testimonio para un juicio que puede demorar años.

Pero es más frecuente que sean los acusados a quienes detengan y deporten antes que sus casos terminen, lo que ha llevado a críticos a afirmar que eso le quita al estado de la Florida sus derechos de proceso debido, y también elimina cualquier posibilidad de que personas acusadas indebidamente tengan la oportunidad de defenderse en un tribunal.

“Las personas son inocentes antes que se pruebe lo contrario. Eso es un principio fundamental que el público apoya”, dijo Amien Kacou, abogado de la ACLU de Miami quien investigó el caso como parte de medidas legales contra el ICE. “Es problemático no solo para el acusado, sino también para la credibilidad del sistema de tribunales locales”.

Por su parte, el ICE afirma que revisa caso por caso y trata de colaborar con los fiscales, por lo general si contactan a la agencia para asegurar que los acusados no sean detenidos o deportados prematuramente. Michael Meade, director de Cumplimiento y Deportación de la oficina del ICE, dijo que sus supervisores sopesan si el público corre riesgo cuando un inmigrante ilegal es liberado de una cárcel local en espera de juicio.

“Es una evaluación de riesgos que hacemos en cada caso, especialmente cuando alguien ha sido arrestado por un delito violento”, dijo Meade. “Es un acto de equilibrio. Tenemos mucho en mente los derechos de las víctimas”.

El ICE declinó hablar de casos específicos, citando las leyes federales de privacidad. Pero Meade dijo que la mayoría de los casos en que los acusados son detenidos por el ICE antes que sus casos estatales se decidan terminan acusados de delitos menores, como casos de tráfico.

Pero la deportación de acusados de delitos penales no es nada nuevo. Lo que sucede es que en administraciones anteriores los agentes de inmigración priorizaban la deportación de acusados de delitos graves una vez que los declaraban culpables.

La agresividad con que las autoridades deportan a inmigrantes en el gobierno de Trump se ha convertido en problema en otros estados.

El año pasado, la ACLU de Massachusetts presentó una demanda después que un guatemalteco llamado Julio Ramírez fue detenido a petición del ICE, lo que le impidió defenderse en un tribunal estatal de un cargo de conducir ebrio.

Después que la ACLU intervino, se permitió a Ramírez presentarse ante un tribunal estatal en Boston para defenderse del cargo de DUI, y fue exonerado. La demanda llevó a un acuerdo este año entre el ICE, las autoridades locales de prisiones y el sistema judicial para traer de regreso a los tribunales estatales a los acusados para asistir a las audiencias.

En la Florida, no está claro cuántos acusados en tribunales estatales han sido detenido y/o deportados por el ICE sin que sus casos se decidieran. Pero el Miami Herald ha identificado más de una decena de casos en el sur de la Florida en que el ICE detuvo o deportó a alguien mientras sus casos judiciales estaban pendientes de conclusión.

A nivel estatal, probablemente hay cientos de estos casos. Según estadísticas del ICE, 1,337 personas deportadas desde la Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses durante el año fiscal que concluyó en 2018 tenían “casos penales pendientes”. El informe anual de la agencia no incluye ningún detalle sobre los supuestos delitos que cometieron.

La Oficina del Abogado de Oficio de Miami-Dade dice que ha registrado al menos 100 defendidos designados en calidad de “retenidos” por razones de inmigración que tienen órdenes de detención por no asistir a audiencias judiciales. Pero el defensor de oficio Carlos Martínez dice que sus abogados no tienen forma de saber si las órdenes las emitió porque el ICE detuvo o deportó a esas personas, impidiéndoles luchar contra los cargos en un tribunal.

Ninguna agencia estatal, ni siquiera el sistema de tribunales, le sigue la pista al asunto de manera centralizada. Y aunque las solicitudes del ICE a la cárcel de Miami-Dade de no liberar a detenidos que enfrentan una posible deportación, el gobierno federal prohíbe al condado entregar sus nombres, lo que dificulta determinar quién ha sido deportado antes de su juicio.

Miami-Dade dejó de aceptar solicitudes de retención del ICE en 2013 después que adoptó una política que las restringió a personas acusadas de delitos graves y ahora exige a Washington el pago de los costos adicionales de esa encarcelación, que hasta ahora se ha negado a pagar. Miami-Dade echó atrás esa política a los pocos días de que Trump asumiera la presidencia en enero de 2017 y amenazó con retener fondos federales a las llamadas comunidades santuario que no cooperaran con las autoridades de inmigración.

Desde entonces, más de 3,100 detenidos han sido designados en retención, según registros, y casi 2,000 han sido entregados al ICE.

Entre los recogidos en la cárcel y luego deportados antes que la Florida pudiera llevarlos a juicio o negociar sus cargos está un empleado griego de un hotel de South Beach acusado de matar con una ballesta un gato popular del vecindario, tres hombres acusados de tráfico de cocaína en Hialeah en tres casos separados, un hombre acusado de agresión con agravantes por supuestamente golpear a su novia en la cabeza, así como un hombre acusado de robar a otro con un cuchillo en Allapattah.

Como Orozco, todos cumplían los requisitos para una deportación inmediata, porque ya habían sido identificados como extranjeros ilegales, tenían órdenes de deportación o se habían quedado más tiempo del que les permitía su visa, lo que técnicamente significa que podían deportarlos de inmediato.

Los que defienden el cumplimiento estricto de las leyes de inmigración dicen que deportar a un acusado antes del juicio, especialmente por delitos menores, no siempre es algo negativo. Mark Krikorian, director ejecutivo del Center for Immigration Studies, dijo que las deportaciones pueden ahorrar a los contribuyentes el costo de los juicios y la encarcelación.

“Todo se resume a lo mismo: ningún inmigrante ilegal tiene derecho a quejarse de que lo deporten de Estados Unidos”, dijo.

En el caso de Orozco, el acusado de violación en Coral Gables, la Policía, los fiscales y la víctima dijeron que no tenían idea de que el ICE lo iba a tomar bajo su custodia.

Orozco, de 41 años, fue deportado de Estados Unidos después de un arresto por violencia doméstica en 2011, cargo que los fiscales desestimaron. Regresó ilegalmente al sur de la Florida y con el tiempo llegó a ser gerente general de un restaurante de lujo en Coral Gables.

La Policía de Coral Gables lo arrestó en septiembre de 2018 después que la víctima dijo que Orozco la sometió en la cocina y la violó, según el informe policial. Los dos, dijo la mujer al Herald, eran compañeros de trabajo de mucho tiempo y nada más.

La mujer llamó a Orozco —y mientras detectives de Coral Gables grababan en secreto— el hombre “se disculpó repetidas veces por tener relaciones sexuales con la víctima a la fuerza”, dice el informe policial.

Orozco fue acusado de agresión sexual, cargo por el que tenía derecho a fianza. Orozco pagó la fianza de inmediato, pero un día después agentes del ICE se lo llevaron de la cárcel. Los fiscales de Miami-Dade no se enteraron de su detención hasta que presentaron oficialmente los cargos posteriormente.

“Fue una sorpresa total. Un día estaba preso y al otro se lo habían llevado”, dijo Ed Hudak, jefe de la Policía de Coral Gables. “La víctima merece que el hombre rinda cuentas. Ella cooperó al máximo. Era un caso fuerte”.

La mujer dijo al Miami Herald que ha batallado para encontrar trabajo desde la agresión, y que teme que el hombre regrese a Estados Unidos.

La mujer dijo que espera que las autoridades estatales puedan extraditarlo a Miami-Dade. “Todos los días pienso en eso”, dijo de su experiencia. “Creo que él tiene la capacidad y los contactos para hacerlo otra vez [regresar]”