Se fincaran acciones penales contra quien vendio terrenos del Ayuntamiento

Por Rafael Renterìa

Un total de 18 inmuebles de 32 ha recuperado el Ayuntamiento de Hermosillo luego de detectar que durante la anterior administración, se llevaron a cabo una cantidad importante de transacciones de forma ilegal por parte de la autoridad con bienes que son propiedad de la ciudadanía.

En ese sentido, la Sindica Municipal Angelina Muñoz Fernández, explicó que durante la última sesión ordinaria de cabildo se aprobó por mayoría de votos, salvo de los regidores panistas, el revocar de manera definitiva y desincorporar bienes inmuebles o áreas de equipamiento que fueron vendidas a particulares por montos y fines que no correspondían a lo que marca la ley en ese respecto.

 “Esos terrenos fueron asignados para equipamientos urbanos cuando ahí debería de haber una escuela, parque público, centro comunitario, guarderías, entre otros. En total son 32 terrenos, además decirles que todos los expedientes se integraron y presentaron para fincar responsabilidades administrativas a los funcionarios que participaron a la contraloría y hay 6 asuntos que están en manos ya de la fiscalía anticorrupción porque tienen toda la parte penal”, especificó.

Muñoz Fernández, explicó que con esta acción que realizó el Ayuntamiento de Hermosillo fue apagándose al derecho que tienen los ciudadanos de contar con esas áreas de equipamiento, que fueron vendidas en su gran mayoría a personas físicas y los cuales muchos de ellos ni siquiera habían pagado la totalidad de las mismas, por lo que el llamado que se les estaba haciendo era a que las regresen por voluntad propia, ya que existió un acuerdo ilegal al momento que les cedieron los derechos sobre los mismos.

De la misma forma la Sindica Municipal, reconoció que seguirán adelante en los procesos legales para recuperar otros 14 terrenos más propiedad del ayuntamiento para someterlos a revocación y a desincorporarlos, además que de encontrarse culpabilidad a cualquier funcionario público que haya realizado esas transacciones de forma ilegal, pueden ser acreedores a penas de 3 a 8 años de cárcel, tal como lo establece el artículo 155 bis de la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de Sonora.

“En esta situación hemos identificado a 5 ex funcionarios que llevaron a cabo ese procedimiento, pero son las autoridades correspondientes las que dictaminaran al respecto con cada uno de ellos. Sabemos que puede haber más situaciones similares pero como la modificación a esa ley se pacto en julio del año pasado no se puede juzgar a nadie antes de eso, ya que la legislación no es retroactiva”, culminó.