La oposición exige a EPN no "nadar de muertito" en combate a la corrupción

Arturo Escobar, coordinador de los legisladores del PVEM, discute con el Diputado perredista Fernando Belauzaran, durante la sesión en la Cámara de Diputados en la que se aprobó la creación del Sistema Anticorrupción. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Diputados de oposición exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto “no nadar de a muertito” en el combate a la corrupción, en medio de la aprobación de la reforma constitucional por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción.

Los legisladores en distintos momentos del debate recogieron la declaración del Presidente Peña “no cabe hacer excepciones, no cabe nadar de a muertito, evadir la responsabilidad y dejar que el gobierno de la República sea el único que afronte su responsabilidad”, expresada en la reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), para exigir resultados en el combate a la corrupción en México.

“No vale nadar de a muertito frente a la corrupción que públicamente se ha denunciado no solo en contra de Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray sino también contra gobernadores, presidentes municipales y empresarios que se han enriquecido por sus relaciones de amigos y compadres”, afirmó el Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

La reforma por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción fue aprobada por una aplastante mayoría en la Cámara de Diputados de 409 votos a favor y es considerada una importante herramienta para combatir este flagelo sustentada en tres ejes principales: prevención, investigación y sanciones a servidores públicos y particulares que incurran en casos de corrupción.

No obstante, se criticó de forma enfática que la reforma no contempla sanciones al Presidente de la República en caso de que incurra en actos de corrupción o en faltas administrativas graves como el conflicto de interés.

Lo cual, a decir de especialistas y algunos legisladores, es una falta grave si se considera que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto enfrenta una crisis de credibilidad, tras el escándalo generado por la adquisición de la “Casa Blanca” de su esposa, Angélica Rivera Hurtado, el presunto caso de conflicto de interés en que habría incurrido el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, o el favoritismo del Gobierno federal con algunas empresas contratistas mexiquenses.

De allí que varios legisladores llamaran al Presidente Peña Nieto a “no nadar de a muertito” y le exigieran combatir de manera frontal el flagelo de la corrupción, que según algunos datos le cuesta a los mexicanos 1.5 billones de pesos al año, o lo que es lo mismo 45 veces el presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La perredista Amalia García Medina criticó que los legisladores priistas en particular se hayan resistido a reformar el artículo 108 constitucional para establecer la posibilidad de sancionar al Presidente de la República en caso de incurrir en actos de corrupción.

Recordó que en el mundo se han registrado importantes avances en materia de sanciones a mandatarios corruptos, lo cual ha fortalecido la gobernabilidad y ha generado credibilidad a las naciones que se atrevieron a castigar los ilícitos.

Tales son los casos de Fernando Collor de Melo, ex Presidente de Brasil, que dimitió en 1992 cuando el Senado inició un procedimiento para su destitución por actos de corrupción. O Carlos Andrés Pérez, ex Presidente de Venezuela, que fue juzgado por malversación de fondos en 1993. O el muy conocido caso de del ex Presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que fue llevado a juicio en 1974 y dimitió por el escándalo de espiar de forma ilegal a oponentes políticos conocido a nivel mundial como Watergate.

“Y aquí se considera que el Presidente no puede ser tocado y que solamente en casos de traición a la patria podría ser juzgado. Esto es inaceptable absolutamente. Y un sistema nacional anticorrupción, para que sea completo, tendría que incluir la reforma al artículo 108 constitucional”, afirmó la Diputada perredista.

El Diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara también recomendó a la Cámara de Diputados “no nadar de a muertito”, toda vez que, dijo, los legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Verde Ecologista de México (PVEM) se ufanan en el Sistema Nacional Anticorrupción pero se resisten a crear la Comisión de Investigación de las empresas del grupo Higa y sus relaciones con las paraestatales.