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Llama Lorenia Valles a romper pacto de impunidad entre los 3 niveles de gobierno
La PGR no debe cambiar sólo de nombre a fiscalía; se requiere hacer una renovación de toda su estructura
Por Redacción
México D. F., a 11 de diciembre de 2014.- La sociedad mexicana demanda como prioridad número uno que el Estado garantice seguridad pública, incluso, por encima de la necesidad de generar empleo, señaló la diputada Lorenia Valles Sampedro.
Dijo que este sentimiento es generalizado y radica en que la incidencia delictiva se ha elevado, y por otro, que las autoridades de prevención del delito, procuración y administración de justicia del país, igual que las de ejecución de penas, se encuentran rebasadas.
Valles Sampedro dijo que es claro que la PGR está inmersa en una mutación de gran envergadura, esencialmente en el aspecto administrativo y operativo-represivo, y no así en una transformación integral que de manera profunda encuentre una reestructuración correcta al sistema de procuración de justicia.
Demandó que “no nada más debe cambiar el nombre de PGR a Fiscalía, sino que es necesario hacer una renovación de toda su estructura profesionalizando y culturizando a todo el personal que pertenezca a este órgano”.
La legisladora hermosillense destacó que es claro que para los delincuentes existe un ambiente ideal de impunidad y aseguró que la procuración de justicia en México es anquilosada y no se ha modernizado al mismo ritmo que nuestras instituciones democráticas.
Apuntó que a pesar de las reformas al sistema penal acusatorio, la creación de las figuras de los jueces de control y de ejecución de sanciones, así como de la expedición del Código Único de Procedimientos Penales, sigue vigente el régimen presidencialista y vertical que nos caracterizó a partir de la Constitución de 1917.
La diputada del GPPRD subió a la tribuna durante el debate y aprobación de la Ley de la Fiscalía General de la República que reformó, adicionó y derogó diversos ordenamientos legales en la materia.
Propuso cambios al proyecto de dictamen al artículo 5, fracción XVII donde solicitó la cancelación de órdenes de aprehensión, reaprehensión o comparecencia cuando se acreditara la inexistencia de la conducta imputada, así como la reclasificación de la conducta o hecho por las cuales se haya ejercido la acción penal.
Antes había recordado que en materia de procuración de justicia, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en sus áreas especializadas, advirtió en sus observaciones a nuestro país, que México tenía que darle autonomía al Ministerio Público por la precaria situación en la que se encuentra la justicia penal.

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