La contaminación en el Río Sonora No debe reducirse a indemnizaciones: LVS

Por Redacción

Ciudad de México, 18 septiembre 2014.- La contaminación de los ríos Sonora y Bacanuchi “no debe reducirse a indemnizaciones parciales bajo la perversa práctica de pagar por contaminar”, demandó la diputada Lorenia Valles Sampedro, quien dijo que la comisión especial que se formó “no sólo debe dar seguimiento a las causas, sino también a las responsabilidades y complicidades de funcionarios que han solventado y permitido las operación irregular de Grupo México”.

 Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, la legisladora sonorense, a nombre del GPPRD, dijo que “la comisión debe extender el alcance de su análisis a las causas y no sólo el seguimiento de las consecuencias”, pues apuntó, “nos preocupa que se ignoren y se diluyan los asuntos que tienen que ver con la responsabilidad civil y penal, lo mismo con la suspensión de operaciones y el retiro de la concesión que estamos planteado como parte de las recomendaciones del informe”.

 Valles Sampedro insistió que el problema no puede reducirse sólo a indemnizaciones y dádivas con las que Grupo México está tratando de lavar su imagen, la empresa que afirmó, ha intentado engañar desde el inicio, hechos que la Comisión Especial de diputados y diputadas pudieron constatar durante su visita a la región afectada y su encuentro con directivos de la empresa.

 Durante su participación, la diputada sonorense, exhortó al gobierno federal y al estatal “a actuar  con madurez y responsabilidad” a fin de lograr una solución integral al problema y dejen a un lado sus diferencias políticas que, aseguró, tienen hundido  a Sonora. “Que se dejen de cosas y atiendan lo principal que es resolver la situación tan grave, tan crítica, tan lamentable para los pobladores que habitan en la región del Río Sonora y el Río Bacanuchi”, puntualizó.

La perredista, quien inició su intervención preguntando cuánto vale la vida de los 419 trabajadores mineros que han muerto en las instalaciones de las minas de Grupo México, de los pobladores, de los agricultores, de las fuentes de suministro de agua para los más de 24 mil pobladores afectados por la contaminación frente a quienes han sido beneficiados por la impunidad.

Aseguró que son insuficientes los 2 mil millones de pesos  para resarcir las pérdidas de los productores, agricultores, empresarios  y la población, así como para  restaurar el equilibrio ecológico, por lo que reiteró que dicho monto no debe quedar ahí, al tiempo que respaldó la creación de un Programa de desarrollo regional de atención inmediata por un monto de 5 mil millones de pesos a cargo de Grupo México para impulsar el reactivar la economía de la zona y atender a la población perjudicada con el fin de lograr la recuperación financiera y social.

Por otra parte, dijo que es prioritario propiciar un paquete de reformas que fortalezcan al Estado en su función reguladora y sancionadora, así como revisar en todo el país las autorizaciones de impacto ambiental expedidas a las empresas mineras que en sus procesos utilicen la técnica de lixiviación para la decantación y beneficio de minerales así como las condiciones de operación y funcionamiento de las instalaciones de las explotaciones mineras.

Aseguró que el marco legal que se tiene actualmente para la regulación de esta actividad es insuficiente y laxo, que ha llevado a que las multas aplicadas a las mineras sean indignantes, por lo que demandó que la Cámara de Diputados  reforme todas las leyes vinculadas a esta actividad, endurecerlas y tener la oportunidad  de que el Estado regule verdaderamente esta actividad.

El informe presentado ante la Cámara de Diputados por la Comisión Especial para dar seguimiento a la problemática generada por el derrame de diversas sustancias contaminantes a los Ríos Sonora y Bacanuchi fue aprobado por unanimidad del pleno.