No cesarán padres de la guardería ABC por exigir la justicia

Por Rafael Rentería

Denuncian padres que integran el movimiento 5 de junio que los nuevos acontecimientos que se han suscitado en torno a liberaciones de implicados en el incendio de la Guardería ABC viene a reafirmar que todo el procedimiento ha estado viciado por diversos intereses que han recaído en un desvanecimiento de datos.

Lorenzo Ramos Félix, abogado del movimiento 5 de junio informó que ese procedimiento de desvanecimiento de datos es una alternativa que han aprovechado las ultimas dos detenidas por el incendio de la Guardería ABC hace ya 56 meses: Delia Irene Botello e Irma Crescencia Díaz Gómez y en ese sentido recalcó que esta situación solo les reafirma el manoseo que se le ha dado a ese caso y en donde los padres afectados siguen exigiendo justicia.

“Técnicamente el ministerio publico con el auto de libertad por desvanecimiento de datos le esta devolviendo al juez el expediente para que lo integre bien; es decir, el ministerio publico es el único órgano que puede presentar una acusación ante un juez penal y si la acusación esta mal hecha el juez se la devuelve. En este caso se la esta devolviendo después de haber dictado formal prisión porque dentro del proceso se encontró según él que los datos indiciarios que hacían como responsable a Delia Botello o Cresencia Díaz no eran tan solidos como para probar su probable responsabilidad”, detalló.

Alegó que esta situación no significa que el ministerio publico que lleva el caso no este en la actitud legal de intentar presentar otra vez una nueva imputación corrigiendo los errores de fondo y forma, por lo que recalcó que seria conveniente que si las autoridades que están llevando a cabo esta investigación que tiene más de 200 tomos en información deberían de mandar a declarar solo por mencionar a algunos tanto al gobernador del estado en el momento de la tragedia de la guardería ABC Eduardo Bours Castelo y al también procurador Abel Murrieta Gutiérrez.

Finalmente dijo que estos últimos también deberían ser tomados en cuenta por el nivel de responsabilidad que tuvieron en ese incendio, a los dueños del inmueble, e incluso a funcionarios de primer nivel como Daniel Karam, Ernesto Gandara, entre otros, los cuales de acuerdo a él responde a claros actos de intereses de tipo político los cuales han hecho ese lavado de manos ante una tragedia que le robo la vida a 49 menores y más de 70 quedaron con secuelas.

“En este sentido queremos decir que el manejo de investigación la llevó a cabo la procuraduría general de justicia de Sonora más como un control de daños, de no hacer muy grande el caso reduciendo al mínimo el numero de responsables y el nivel de responsabilidad, por eso es que a la fecha no hay nadie en la cárcel pagando por ese crimen en contra de casi 50 niños”, concluyó.