Falta incorporar el concepto de seguridad ciudadana al esquema oficial: UNISON

Por Redacción

Incorporar el concepto de seguridad ciudadana dentro de un rediseño del entramado institucional, de acuerdo a las nuevas condiciones socio-políticas en México, así como la creación de grupos élites como apoyo de operación al gabinete de seguridad  nacional, son las principales propuestas de la tesis doctoral de María Dolores Rocha Ontiveros, académica del Departamento de Sociología y Administración Pública de la Universidad de Sonora.

Su investigación parte de la hipótesis de que la pluralidad política en México generó una fragmentación en la toma de decisiones en esta materia, ocasionando el empoderamiento de la criminalidad organizada, además de que su trabajo contempló diversas facetas que han contribuido al fenómeno de la inseguridad en el país. Por ello, reiteró la experta, quienes formulan las políticas en este ámbito deberían pensar en una modificación a nuestro sistema jurídico acorde a las condiciones socioeconómicas actuales.

En su tesis “La política de seguridad pública en México en la pluralidad política/
Análisis de los Procesos de Decisión”, cuya defensa le otorgó el grado de doctora en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública de Veracruz, reiteró que se debe añadir la incorporación a nuestro sistema del concepto de seguridad ciudadana, entendida ésta como la de seguridad en torno al individuo, más allá del cambio de nombre de ésta área de la Administración Pública.

“Cuando se habla de seguridad pública, tradicionalmente se alude a la seguridad Estado; es decir, en el marco tradicional en función de la estructura del Estado nacional a través de la cual se crean las corporaciones policiacas para sentar condiciones de convivencia, armonía y paz social”, advirtió Rocha Ontiveros, quien tuvo como director de tesis a José Alfredo Hernández Campillo, académico del propio Instituto.

Planteó que, en la actualidad, esa visión tendría que modificarse y cambiarse hacia la seguridad en la persona; “pues la principal función o atribución del Estado o el por qué se crea y existe, es garantizar la tranquilidad, desarrollo integral del individuo y la paz social bajo las reglas que se conocen en todos los sistemas políticos”.

Una de las primeras propuestas del trabajo es incorporar el concepto de seguridad ciudadana entendiéndolo como el respeto y la garantía de los derechos humanos en torno a la satisfacción de las necesidades del individuo, lo que implicaría toda una transformación del sistema político, económico y social, donde la política pública del gobierno esté enfocada, en principio, a cambiar las condiciones de vida de las personas, garantizándoles todos los ámbitos de su desarrollo humano.

Asimismo, criticó el entramado institucional de nuestro sistema político, caracterizado por un federalismo que implica una descentralización funcional de competencias entre Federación, estados y municipios, y que uno de los aspectos medulares en donde se encontró el problema de la ineficacia de las políticas de la seguridad pública, fue en el ámbito de las relaciones intergubernamentales.

“Esto se agudiza a partir del inicio de un proceso de apertura democrática y cuando la pluralidad política toma carta de naturalización en México; es decir, al momento en que existen gobiernos de diversos partidos políticos en los ámbitos gubernamentales, y se adolece de una coordinación eficaz en una realidad política a la hora de impulsar acciones o estrategias de política de seguridad que impliquen precisamente una noción de coordinación real.

Afirmó que existe en este campo una serie de distorsiones y reticencias de parte de las corporaciones policiacas para establecer esa línea de coordinación efectiva y necesaria para combatir al crimen organizado. “Y esto no va a ocurrir ni sucederá en tanto se mantienen las estructuras actuales”.