Por Redacción<\/p>\n
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México.- Antes de presentar su renuncia, José Erasmo Barraza Grado<\/strong>, juez noveno de distrito en Sonora, dio la orden del traslado del suegro y del cuñado de Joaquín “El Chapo” Guzmán<\/strong> de un penal de máxima seguridad a uno de mediana.<\/p>\n El beneficio a Inés Coronel Barrera<\/strong> y su hijo Omar Coronel Aispuro<\/strong>, detenidos el 30 de abril de 2013 por narcotráfico, se concretó en enero de 2014<\/strong> y pese a la inconformidad del Gobierno federal.<\/p>\n Así lo confirmaron al diario Milenio<\/em>, funcionarios del gabinete de seguridad nacional y del Consejo de la Judicatura Federal, quienes detallaron que los dos sujetos interpusieron amparos para que los reubicaran del Cefereso del Altiplano<\/strong>, Estado de México, al centro penitenciario número 11 en Hermosillo, Sonora.<\/strong><\/p>\n El juez noveno lo aceptó y no dio marcha atrás<\/strong>, pese a que el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad impugnó la resolución del juez noveno, y por ley el traslado la tuvo que realizar personal de la Policía Federal el 9 de enero de 2014 en un operativo que se efectuó bajo estrictas medidas de seguridad.<\/p>\n Las fuentes dijeron que la inconformidad que se interpuso contra la reubicación del suegro y cuñado de “El Chapo” Guzmán<\/strong> tuvo como principal argumento jurídico que se trata de presuntos miembros de la delincuencia organizada que requieren medidas especiales de vigilancia<\/strong>.<\/p>\n Pero Barraza Grado rechazó la impugnación así como también lo hizo el actual titular del juzgado noveno de distrito de Sonora. Los dos dijeron que los inculpados tienen derecho a ser procesados cerca de la sede del juez que lleva la causa penal<\/strong>, en base al artículo 18 constitucional.<\/p>\n Y según el Consejo de la Judicatura Federal, los familiares de “El Chapo” solicitaron su traslado a la cárcel de Hermosillo<\/strong>, debido a que la causa penal quedó radicada en esta entidad, donde fueron capturados por un grupo de élite de la Policía Federal.<\/p>\n El 29 de agosto de 2013 se formalizó la petición, en tanto que el 14 de octubre del mismo año, el juez noveno dio un plazo de 10 días al responsable de la Federal para que ejecutara el traslado.<\/p>\n Y se le advirtió que, de no hacerlo, se le impondría como medida de apremio una multa equivalente a 30 días de salario mínimo vigente.<\/p>\n Entonces, el Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social interpuso una serie de impugnaciones que no lograron evitar la reubicación que se concretó el 9 de enero de 2014, y posteriormente el juez presentó su renuncia.<\/p>\n