Por Milenio<\/p>\n
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Ciudad de México El Senado aprobó por unanimidad, en comisiones, el dictamen de Ley General de Transparencia que será llevado al pleno este día para quedar en primera lectura, y que dota de nuevas atribuciones al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) para transparentar los ejercicios de gobierno de los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, partidos, sindicatos y fideicomisos.<\/p>\n
Asimismo, se incluyó un capítulo que obliga también a particulares que ejercen recursos públicos a transparentar su información.<\/p>\n
Los privados serán sancionados desde apercibimientos y multas que van de los 3 mil 600 pesos hasta los 100 mil pesos y, en caso de la comisión de un delito, se presentará la denuncia de hechos ante la autoridad competente.<\/p>\n
El artículo 5º determina que “no podrá clasificarse como reservada aquella información que está relacionada con la investigación de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.<\/p>\n
En el dictamen elaborado por las comisiones dictaminadoras de Anticorrupción, Estudios Legislativos y Gobernación se subraya que tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.<\/p>\n
Así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios.
Se estipula que se deberán hacer públicos los siguientes documentos:<\/p>\n
Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus Servidores Públicos e integrantes.<\/p>\n
Esto “sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico”.<\/p>\n
Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente Ley, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por esta Ley.<\/p>\n
En el caso de obligaciones específicas de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad, el artículo 81 define que los Organismos garantes, dentro de sus respectivas competencias, determinarán los casos en que las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos, o realicen actos de autoridad, cumplirán con las obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignen dichos recursos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad.<\/p>\n
Los sujetos obligados correspondientes deberán enviar a los Organismos garantes competentes un listado de las personas físicas o morales a los que, por cualquier motivo, asignaron recursos públicos o, en los términos que establezcan las disposiciones aplicables, ejercen actos de autoridad.<\/p>\n
Para resolver sobre este cumplimiento , los organismos garantes tomarán en cuenta si realiza una función gubernamental, el nivel de financiamiento público, el nivel de regulación e involucramiento gubernamental y si el gobierno participó en su creación.<\/p>\n
Para determinar la información que deberán hacer pública las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, los Organismos garantes competentes deberán:<\/p>\n
Solicitar a las personas físicas o morales que, atendiendo a los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional, remitan el listado de información que consideren de interés público;Revisar el listado que remitió la persona física o moral en la medida en que reciban y ejerzan recursos o realicen actos de autoridad que la normatividad aplicable le otorgue.<\/p>\n
Así como determinar las obligaciones de transparencia que deben cumplir y los plazos para ello.<\/p>\n
Durante la discusión en comisiones, las diferentes bancadas reconocieron los acuerdos que encabezó el grupo de trabajo a cargo del ecologista Pablo Escudero, la panista Laura Angélica Rojas y el senador Alejandro Encinas, aunque el panista Javier Corral y el perredista Zoé Robledo criticaron que no haya transparentado a fondo el uso de recursos que hace el Congreso, ni que se haya incluido la figura de informantes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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