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Suprema Corte frena decretazo y AMLO responde con otro
Suprema Corte frena decretazo y AMLO responde con otro
El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emitió un decreto en el que se indica que la construcción, funcionamiento y operación de “obras prioritarias” como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y tres aeropuertos (Palenque, Chetumal y Tulum) son de seguridad nacional e interés público.
Esta medida fue una respuesta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ayer invalidó el decreto del Mandatario que declaraba sus obras prioritarias como de “seguridad nacional”, reservaba información e impedía cualquier obstrucción legal para frenarlas.
Con el fallo del Máximo Tribunal, se quitó el blindaje que en noviembre de 2021 puso López Obrador ante los amparos y solicitudes de información que había sobre megaproyectos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Refinería de Dos Bocas.
El nuevo decreto presidencial llega en un momento en el que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que podría impulsar otra controversia por este tema, no puede sesionar, pues falta que el Senado de la República nombre a tres comisionados.
Corte frena por tercera ocasión al Presidente
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó ayer el decreto del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que declaraba sus obras prioritarias como de “seguridad nacional”, tras una votación en que fue considerado inconstitucional por violar el derecho a la información.
“La Corte declaró inconstitucional el acuerdo del Poder Ejecutivo que declaraba obras y proyectos como de interés público y de seguridad nacional, por transgredir el derecho de acceso a la información”, informó la SCJN tras el fallo.
Es el tercer revés que brinda la Corte al Presidente, tras invalidar el traspaso de la Guardia Nacional al Ejército y echar para atrás la primera parte del “Plan B” electoral de AMLO.
La resolución, que se aprobó por una mayoría de ocho ministros de 11, devino de una controversia constitucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), interpuesta en diciembre de 2021.
Tras haber sido invalidado este decreto presidencial, publicado originalmente en noviembre de 2021, López Obrador “madrugó” horas más tarde con otro “decretazo” en el que clasifica al Tren Maya, Tren Interoceánico y las obras de los Aeropuertos de Palenque en Chiapas; de Chetumal y de Tulum en Quintana Roo, utilizando de nuevo los mismos términos legales que el recién invalidado: como de seguridad nacional e interés público.
AMLO aprovechó que el Inai no puede sesionar al no contar con tres comisionados de los siete que integran el Pleno, impedidos de ser elegidos por la falta de designación de los mismos por parte del Senado, donde Morena, tiene la mayoría de los escaños, y esa falta de designación es parte de la estrategia presidencial para desaparecer a ese órgano autónomo, por lo que en este momento no hay quien pueda interponerse a este último “decretazo”.
Respecto al fallo de la Corte sobre el primer decreto de “seguridad nacional”, se quita el blindaje contra amparos y solicitudes de información que había emitido el Mandatario para sus mega proyectos definidos como “prioritarios y estratégicos”. Entre estos están los más polémicos de la actual administración, como el Tren Maya (que repite en el nuevo “decretazo”), la Refinería de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
VOTACIÓN
Así se posicionaron los ministros
A favor:
- Luis González A. C.
- Javier Laynez
- Luis María Aguilar
- Alfredo Gutiérrez Ortiz
- Alberto Pérez Dayán
- Margarita Ríos Farjat
- Jorge Pardo Rebolledo
- Norma Piña
En contra:
- Arturo Zaldívar
- Yasmín Esquivel
- Loretta Ortiz
Las razones de los ministros para el fallo
El decreto presidencial invalidado ayer por la SCJN sostenía que su publicación permitía continuar “con la ruta encaminada a impulsar y consolidar los proyectos que llevarán como Nación a lograr el crecimiento económico y, con ello, lograr el bienestar social”.
Pero el ministro ponente de este proyecto, Juan Luis González, determinó que este decreto es inconstitucional, ya que obstaculiza e inhibe derechos de los mexicanos como el acceso a la información.
Añadió que la norma impulsada por el Presidente fue amplia y ambigua, permitía la reserva de información por presuntamente comprometer la seguridad nacional, y dejaba de lado la supervisión del correcto gasto de recursos públicos por la ciudadanía.
La ministra Margarita Ríos-Farjat también opinó que el acuerdo promueve un ámbito de inseguridad jurídica por la amplitud de su alcance sobre el régimen de contratación pública, anulando las mejores prácticas.
En este mismo sentido, el ministro Javier Laynez sostuvo que es “muy difícil o muy ingenuo” pensar que el término seguridad nacional no tiene un impacto en materia de transparencia.
La ministra presidente, Norma Piña, cerró los ocho votos necesarios para declarar la invalidez del acuerdo, argumentando que es esencial fijar las normas para regular las competencias del Inai y a partir de ahí revisar si el acuerdo impugnado las transgrede.
En contra de esta determinación se posicionaron los ministros considerados afines a López Obrador: Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel.
