"Que el Estado no sea represor de la libertad", acusa diputado Abel Murrieta

Por Redacción

Hermosillo, Son. 20 de junio de 2014.- La integración de una comisión que investigue si el expediente con las órdenes de aprehensión en contra de dos activistas de la Tribu Yaqui está apegado a Derecho o se trata de una persecución de carácter político, propuso al Pleno del Congreso del Estado, el diputado Abel Murrieta Gutiérrez.

“Sería una tristeza que Sonora retrocediera a ese grado en materia de seguridad y justicia. Creo que es algo muy grave que los mexicanos, no sólo los sonorenses, hemos venido defendiendo: que el Estado no sea represor de la libertad, en todos los sentidos, y es evidente que en el caso de los compañeros indígenas Mario Luna y Tomás Rojo, este Gobierno está practicando la represión.

“No es posible que los diputados permanezcamos impávidos, que seamos cómplices de una persecución que más bien parece de la época de los cristeros. Que no garanticemos la libertad de expresión, de crítica, de libre albedrío; que no veamos y no investiguemos lo que realmente está sucediendo con esas órdenes de aprehensión”, expresó el legislador.

Murrieta Gutiérrez agregó que tuvo conocimiento el pasado miércoles 18 de las órdenes de aprehensión giradas en contra de los activistas de la etnia, Tomás Rojo y Mario Luna, que precisamente son las personas que han dado la cara en muchos de los problemas por los que atraviesa la Tribu Yaqui y que incluso han confrontado al titular del Ejecutivo estatal.

De acuerdo con la información pública, no la oficial que se está dando, dijo, las órdenes de aprehensión fueron giradas por jueces territorialmente incompetentes, además de una serie de irregularidades.

“No quisiera prejuzgar, aunque la lógica nos dice que se trata de una venganza, que desafortunadamente en Sonora tenemos muchos señalamientos de excesos de las funciones, no sólo de la Procuraduría General de Justicia, sino también del fisco y de la Secretaría de Salud, en persecución a los adversarios o críticos del sistema”, aseveró el diputado por el Distrito XVI con cabecera en Obregón Sureste.

Murrieta Gutiérrez se pronunció porque el Congreso del Estado actúe como equilibrio, no sólo en este caso, sino cada vez que alguno de los poderes del Estado ejerza sus facultades de forma excesiva o indebida, ya que en caso contrario, no tendrían la moral para criticar después cualquier situación que vean injusta, sostuvo, si no verifican en este caso qué es lo que pasa con el expediente que contiene las órdenes de aprehensión.

“No vamos a investigar el fondo del tema, no vamos a determinar si la razón la tiene la Comisión Nacional del Agua, la Tribu o el Gobierno del Estado. No permitamos un abuso de esta naturaleza”, afirmó.

Murrieta Gutiérrez señaló estar consciente de que en este caso “no se medirá con el mismo rasero”, con respecto a las irregularidades que se han detectado en diversas áreas del Ejecutivo, como ISSSTESON y Salud, cuando en estos casos lo que se debe hacer es integrar la averiguación correspondiente, al margen de la protección que se brinda a los funcionarios de dicho Poder.

El legislador propuso ante el Pleno que, en caso de aprobarse la integración de dicha comisión, se le incluya en ella para verificar que la averiguación en contra de las dos personas esté bien integrada, ya que hay indicios de que no es así.

“Nunca había visto, en mi experiencia en la administración de justicia, que se consigne a un Tribunal o a un Juzgado que no sea de competencia territorial, cuando además no implica ningún riesgo en dicha orden de aprehensión.

“Pudiera justificarse si se trata de territorios altamente peligrosos o en una comunidad pequeña que se consigne en un Tribunal distinto, pero hasta donde tengo la información, se está consignando en un Tribunal que es territorialmente incompetente, todos esos detalles son los que quisiera verificar”, aseveró.