Gobierno de AMLO acusa a Calderon y ex funcionarios de desmantelar la CFE

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador acusó al ex presidente Felipe Calderón y anteriores funcionarios por contribuir en el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del sector energético.

Acompañado por López Obrador, el titular de la CFE, Manuel Bartlett, expuso que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, los ex funcionarios, en claro conflicto de interés, han participado en el sector energético en empresas particulares. “Se creó una combinación entre el sector privado y ex autoridades, lo que generó que la CFE se haya reducido a una empresa que sólo genera 50% de la energía”.

Culpó a Calderón y a los ex secretarios de Energía de su administración, Georgina Kessel y Jordy Herrera, de beneficiar a compañías privadas en detrimento de la Comisión. Calderón, quien también fue secretario de Energía entre 2003 y 2004, fue consejero entre 2016 y 2018 de Avangrid, una filial estadounidense de la española Iberdrola. Sin embargo, el ex presidente rechazó los señalamientos. “Es totalmente falso”.

Bartlett también acusó a Jesús Reyes Heroles, ex secretario de Energía y ex director de Pemex, quien actualmente preside una consultora en temas de energía.

La lista se remonta a funcionarios del periodo de Carlos Salinas de Gortari, en la Presidencia de 1988-1994. Por eso se citó a José Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de la Presidencia de Salinas y ahora propietario de una empresa proveedora de servicios de energía.

Carlos Ruiz Sacristán, quien fue secretario de Comunicaciones y Transportes con el presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), es director del consejo de administración de la firma de infraestructura IEnova. Asimismo, Luis Téllez, secretario en varios gobiernos, es actualmente asesor de empresas “extranjeras” y de firmas de “energías supuestamente limpias”, dijo Bartlett. Se suma Alejandro Flemming, ex funcionario de Energía y miembro de los consejos de Iberdrola.

Carso Energy también fue señalada.

López Obrador, quien ha sido crítico de la participación de la iniciativa privada en el sector, remarcó que se dejó en el abandono la infraestructura de la CFE. “Se tienen 60 (plantas) hidroeléctricas con capacidad para producir energía limpia y barata, pero no se llevó a cabo ningún plan de modernización”.

Si no hay cambios en la operación de gasoductos, advierten que la CFE está en riesgo de quiebra. SUN/Archivo

Renegociarán contratos tras detectar anomalías

La compañía eléctrica estatal de México pretende renegociar los generosos contratos de gas natural que tiene con las empresas del sector privado, que estipulan pagos incluso cuando no se está entregando el producto.

El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, remarcó que la compañía corre el riesgo de quebrar si no llega a nuevos términos con las empresas.

Acentuó que desde 2015, la Comisión ha pagado a las empresas del sector privado 62 mil millones de pesos por la renta de gasoductos que no están funcionando. Varios proyectos han sido bloqueados por manifestantes comunitarios.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su optimismo de que los contratos podrían revisarse voluntariamente, al tiempo que criticó el hecho de que tales contratos existan. Varias de las compañías involucradas tienen vínculos con ex funcionarios del Gobierno federal.

“Se han hecho negocios jugosos al amparo del poder público, se han celebrado contratos leoninos, contratos para favorecer a particulares”, remarcó López Obrador.

El Presidente comparó esa inversión del sector privado a una “conquista”, en referencia a los conquistadores españoles.

“México ya no es tierra de conquista, eso se termina”.

Añadió más tarde que las incursiones del sector privado en el área energética fueron facilitadas por influencias de particulares y negligencia oficial. “No hubo fronteras”.

Bartlett, por su parte, mencionó tres compañías que, según afirmó, recibían pagos de la CFE, “a pesar de los ductos inservibles”. Una de esas empresas, IEnova, contestó en un comunicado que los contratos “fueron adjudicados bajo procesos de licitaciones públicas internacionales abiertos y transparentes, bajo estándares internacionales de la industria”.

Esa compañía, filial de Sempra Energy, con sede en San Diego, California, respondió que uno de los ductos de IEnova que empezó a surtir a la CFE en mayo de 2017 dejó de funcionar en agosto siguiente por “actos de sabotaje”, que fueron reportados a las autoridades locales y federales.

IEnova defendió a su presidente, Carlos Ruiz Sacristán, luego que Bartlett lo nombró como uno de varios ex funcionarios públicos que se beneficiaron de contratos privados con la Comisión.

Bartlett y López Obrador culpan a los Gobiernos anteriores de dejar que la infraestructura de la CFE quedara en el olvido y de contratar a otras empresas para que ofrecieran los mismos servicios.

Ruiz Sacristán fue secretario con el entonces Presidente Ernesto Zedillo.

En entrevista, Felipe Calderón defendió los contratos aseverando que son cosa común en la industria energética. “Si no, no podrían financiarse obras muy complicadas”.

Los contratos protegen a la empresa en caso de la oposición de la comunidad, o en caso de que el cliente adopte decisiones como usar el carbón en vez de gas natural.

Otra empresa señalada, TransCanada, comunicó ayer que los contratos de gasoductos con la CFE surgen bajo el marco legal mexicano a partir de procesos de licitaciones públicas internacionales, transparentes y abiertas, en acuerdo con los estándares de la industria. Remarcó que: “Estos contratos incluyen previsiones de fuerza mayor que aplican cuando, ya sea la CFE o la compañía constructora de los ductos, se ven impedidas de cumplir con sus obligaciones debido a circunstancias imprevistas fuera de su control. Los pagos recibidos durante estos eventos de fuerza mayor no son multas ni subsidios”.

Carso Energy también contestó sobre el tema. Aseguró que existe la interrupción de 16 tramos de una obra que ganaron en una licitación internacional, “transparente y pública”. Por eso se deslindó de anomalías: “Debido a las obstrucciones que frenan la terminación y  la puesta en operación del gasoducto, se procedió a la aplicación de las cláusulas 9 y 22 del contrato que se tiene con la CFE, mismo que formó parte de las condiciones de la licitación”, afirmó ayer en un comunicado.