CUALES SERAN LOS EFECTOS PARA LA ECONOMIA GLOBAL Y NACIONAL POR EL COVID19

Esta nota busca contribuir a la discusión de un problema complejo que está sobre la mesa del debate actual a nivel global. Las expectativas económicas en el país y en nuestro Estado no son positivas debido a dos motivos. Primero, por la propagación a nivel mundial del coronavirus (COVID-19), que ya se mantiene en la fase dos de alerta, en la cual, países como Italia y España presentan niveles de contagios (de 45,868 y 66,890 personas) que ya llegan a nivel cercano de los registrados en China (78 mil infectados), pero que, al 25 de marzo, ya superaron las muertes con respecto a este último país (es decir, Italia con 7,503, España con 3,647 y China con 3,287 fallecidos). El segundo motivo, por la inercia de un nulo crecimiento en México desde el año 2019, el cual viene a unirse a la caída que se avizora este 2020 por el COVID-19. México presenta al inicio de su segunda fase en el país, un total de 469 infectados y apenas un total de 6 muertos, de los cuales Sonora registra únicamente 4 infectados y sin muertes al día de hoy.

En el ámbito internacional, las cifras para EE.UU. son aún mayores (con un total de 1,032 muertos y 67,457 personas infectadas) y, como medida económica, destinarán 377 mil mdd en apoyos para pagar el sueldo promedio de 1,200 dólares mensuales para que la gente no pierda sus empleos, además de un apoyo de 500 dólares por cada hijo en el hogar. La expectativa en el entorno internacional es que China se recupere como principal fuente de insumos y proveedor del mundo en las manufacturas, lo que puede tomar un tiempo adicional de 3 a 6 meses para ver dicha recuperación. Ello implica que las economías puedan caer al menos entre 5 y 10 puntos del PIB mundial; en el caso de México, la caída oscilaría entre 7 y 15% en el segundo y tercer trimestre del año 2020, en tanto que la caída anual esperada promediaría alrededor de 7 puntos (similar a la crisis del año 2009).

En materia laboral, se espera una pérdida temporal de 20 millones de empleos en el mundo, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En un escenario de aislamiento social y desaceleración económica, los sectores que presentarán un mayor impacto negativo en México son el comercio, el turismo, los restaurantes y el transporte, donde trabaja alrededor del 45% de los trabajadores (alrededor de 17 millones de personas activas), y se le suma la actividad industrial, por la derrama salarial que dejará de percibir su mano de obra. A nivel total, por cada tres puntos porcentuales de caída en el PIB en el país se calcula que el empleo se reducirá en aproximadamente 600 mil plazas.

Entre los más afectados, en primer lugar se cuentan ya las micro y pequeñas empresas, que difícilmente pueden pagar sueldos y compromisos de sus negocios bajo este contexto de baja demanda de sus servicios y productos. Se calcula que, en solo una semana de la cuarentena en Hermosillo, alrededor de 300 trabajadores han sido despedidos en el sector comercio tan solo por las reducidas ventas.

Ello nos muestra que las medidas que se han lanzado para mitigar los impactos negativos del COVID-19 son insuficientes comparadas con las que se han venido anunciando en los países desarrollados o incluso en países de América Latina (como el caso de El Salvador). Las empresas necesitan recursos para retener a sus empleados, más que una política de baja de impuestos; ello debido al bajo nivel de ventas en estos momentos de crisis –y no tener utilidades-, por lo que, si no hay ganancias, ¿de qué sirve bajarle los impuestos a las pequeñas empresas y comerciantes?

Los negocios y comercios pequeños requieren de políticas económicas que les permitan aplazar pagos de deudas; necesitan créditos con tasas preferenciales para continuar operando y no despedir a su plantilla laboral; la administración pública y la banca deben unir esfuerzos en una estrategia integral para dar seguridad social sin que las cuotas patronales las asfixien, además de permitir a las familias aplazar el pago de los recibos de luz en el tiempo que dure la contingencia (con un mayor subsidio). Entre otras medidas, una política fiscal que permita aplicar devoluciones rápidas del Impuesto al Valor Agregado (IVA) será muy eficaz, la cual ya ha sido promovida por cámaras empresariales.

Por el otro lado, se cuestiona acerca de la capacidad de los sistemas sanitarios y de salud para enfrentar la contingencia en caso de que se agudice. El reto al que nos enfrentamos es que los trabajadores privilegiados del gobierno y empresas de sectores clave que producen alimentos y medicinas serán los que continuarán recibiendo ingresos y sueldos, mientras que el resto de la economía se detiene, con las consecuencias negativas, incluso de un mayor conflicto social generado por la pobreza de los expulsados del sector laboral en estos momentos.

Una parte importante del sector laboral en México es informal y vive al día. Parar toda actividad económica de golpe significa hambre para ellos y vendrá el caos social y, muy seguramente, actos de rapiña. El tejido social es débil y el aislamiento podrá ser contraproducente; sin embargo, es necesario para enfrentar la crisis de la pandemia.

Por ello, la gran importancia de los apoyos planteados y que estos fluyan rápidamente. Existen alrededor de 6,669,000 negocios registrados formalmente, pero solo se va a apoyar a un millón de ellos en una primera fase. Desde tiempo atrás, en México ha prevalecido una política financiera laxa, permitiendo que las instituciones bancarias y de tipo comercial otorguen créditos caros (que la población utiliza), ocasionando que ahora las familias se queden sin liquidez y puedan caer en condición de pobreza rápidamente; ante esto, se requiere de una medida gubernamental de tajo, que les exija a dichas instituciones el otorgamiento de apoyo en al menos tres meses en su cartera de crédito.

Si el tipo de cambio permanece en 25 pesos por dólar una vez superada la crisis del COVID-19, el encarecimiento del dólar se explicará más por la inercia de bajo crecimiento económico en el país y no por el COVID-19 en sí. El gobierno federal está actuando para garantizar, en principio, que los precios de los alimentos básicos no suban, apoyando la oferta constante de los productos en el mercado y el abasto, sobre todo en las zonas marginadas del país, partiendo de la premisa de que un aislamiento generalizado podría generar un conflicto social de mayor nivel. Se requiere emular dichas acciones en las entidades federativas para vigilar la oferta alimentaria y su adecuada distribución, de otra manera se provocará escasez y una posible alza de precios. El mejor llamado es a no realizar compras de pánico, en el contexto de un gobierno que puede garantizar, en conjunto con la clase empresarial del sector alimentario, la existencia de una oferta de alimentos razonable que permitirá satisfacer la demanda en el periodo de la contingencia.

Tanto a nivel estatal como nacional se registrarán tasas negativas de crecimiento por el orden del 4 al 7%, con lo que se podrá contener de momento la pandemia, pero es necesario recapacitar y pensar en que, permanecer aislado en un país como México es un privilegio al que no todos los mexicanos pueden acceder; he ahí el dilema de establecer un límite entre lo que compete a la salud, lo social y la economía.