Cárceles de México aumentan su población durante gobierno de Claudia Sheinbaum

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum reportó más de 67 mil 200 personas detenidas por delitos de alto impacto entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026. Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que la población penitenciaria de México aumentó en 37 mil 934 personas entre el inicio del actual gobierno y julio de 2026.

La diferencia entre ambas cifras responde a que una detención no necesariamente se traduce en un nuevo ingreso a un penal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que, después de una puesta a disposición, corresponde al Ministerio Público determinar lo conducente y a la autoridad judicial resolver la situación jurídica de cada persona, así como la medida cautelar aplicable.

SSPC reporta más de 67 mil detenidos por delitos de alto impacto

De acuerdo con las estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social (OADPRS), el 1 de octubre de 2024 había 234 mil 514 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los penales federales y locales del país.

Para el 31 de julio de 2026, la cifra llegó a 272 mil 448 internos, lo que representa un incremento neto de 37 mil 934 personas.

La SSPC señaló que estos datos no pueden compararse de manera directa con el acumulado de 67 mil 200 detenciones, debido a que se trata de indicadores distintos.

Además, la población penitenciaria registra movimientos constantes: mientras algunas personas ingresan a los centros penitenciarios, otras obtienen su libertad, reciben una resolución judicial o son trasladadas.

El 8 de septiembre, durante la conferencia matutina, la SSPC informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas más de 67 mil 200 personas relacionadas con delitos de alto impacto.

La dependencia indicó que las acciones forman parte de los operativos contra líderes, operadores regionales y financieros de diferentes células delictivas, relacionados con delitos como homicidio, extorsión y secuestro, entre otros hechos de violencia.

Para Héctor Hernández Bringas, investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, el crecimiento de la población penitenciaria debe analizarse considerando tanto los ingresos como los egresos de los centros penitenciarios.

El especialista señaló que el aumento puede estar relacionado con cambios en la estrategia de seguridad y con un mayor número de personas sometidas a prisión preventiva.

Hernández Bringas también planteó que uno de los problemas del sistema penitenciario es que una parte importante de las personas privadas de la libertad permanece en prisión preventiva sin contar todavía con una sentencia definitiva.

Prisión preventiva, uno de los retos del sistema penitenciario

José Luis Gutiérrez Román, director general de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), señaló que para comprender el crecimiento de la población penitenciaria es necesario observar el flujo mensual de personas que ingresan y salen de los penales.

De acuerdo con sus estimaciones, alrededor de 15 mil personas ingresan cada mes, mientras que unas 13 mil salen, lo que genera un crecimiento neto mensual.

El director de Asilegal consideró necesaria una política de despresurización penitenciaria y recordó que la prisión preventiva debe ser una medida excepcional debido a que afecta la libertad de una persona que todavía no cuenta con una sentencia condenatoria.

Paola Zavala Saeb, fundadora de la Organización Comunitaria por la Paz (Ocupa), también llamó la atención sobre las condiciones que enfrentan las personas privadas de la libertad ante el aumento de la población penitenciaria.

La activista señaló que un mayor número de internos sin un incremento suficiente de la capacidad penitenciaria puede generar hacinamiento, escasez de servicios y mayores condiciones de violencia dentro de los centros.

Entre los problemas que mencionó se encuentran las condiciones de alojamiento, alimentación, acceso a productos básicos y presuntos actos de corrupción.