El presidente de Argentina, Javier Milei remitió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con el objetivo de endurecer las sanciones contra la explotación no autorizada de recursos en las islas Malvinas.
La iniciativa, según detalló la Casa Rosada, busca sustituir el marco normativo actual mediante tres pilares: sancionar la extracción ilegítima de bienes naturales, incentivar el cese de estas actividades y reforzar la capacidad de respuesta del Estado ante eventuales amenazas externas.
El Ejecutivo definió la iniciativa como «un hito en el proceso de recuperación de las islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur». El proyecto propone derogar la Ley 26.659, vigente desde 2011, y promulgada por el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) para sancionar la explotación petrolera en la plataforma argentina.
La norma propuesta amplía la protección sobre recursos renovables y no renovables en todo el espacio marítimo de las Malvinas. En el plano penal, eleva drásticamente los castigos: las penas por prospección o exploración no autorizada pasan de un máximo de 10 años a horquillas de 12 a 15 años de prisión, mientras que la extracción, el transporte y el almacenamiento se castigarían con entre 15 y 20 años de cárcel.