Maestros tendrán voz en la regulación de celulares en las escuelas

El debate sobre el uso de teléfonos celulares en las escuelas entra en una nueva etapa. Antes de avanzar hacia una regulación nacional, el Gobierno de México escuchará a más de un millón de maestras y maestros para conocer, desde las aulas, qué debe hacerse con estos dispositivos.

Durante la conferencia matutina de este lunes, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que los días 24 y 25 de agosto, durante la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar, las y los docentes discutirán y formularán propuestas sobre la presencia de dispositivos digitales en los planteles.

El ejercicio tendrá alcance nacional: participarán más de un millón de maestras y maestros de más de 200 mil escuelas de las 32 entidades federativas, en los niveles Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó claro que la intención no es imponer una determinación desde el gobierno. Actualmente 16 estados ya cuentan con alguna regulación sobre celulares en las escuelas y el objetivo es avanzar hacia un criterio nacional, pero primero se conocerá la opinión de quienes todos los días están frente a grupo.

“Vamos a preguntarle primero a las maestras, a los maestros, cuál es su opinión”, señaló la mandataria, al recordar que las y los docentes mantienen además contacto permanente con madres y padres de familia.

La discusión sobre los celulares forma parte de un debate más amplio que el Gobierno de México ha abierto sobre plataformas digitales, redes sociales y sus efectos en niñas, niños y adolescentes.

Como parte de este diálogo participó Ravi Iyer, psicólogo social, tecnólogo y experto en diseño y regulación de plataformas digitales. Fue directivo de Meta, donde encabezó equipos de investigación, ciencia de datos y productos enfocados en reducir los impactos sociales de Facebook. Actualmente dirige el Psychology of Technology Institute y el Neely Center de la Universidad del Sur de California, y es asesor de Ofcom en la implementación de la Online Safety Act del Reino Unido.

Su planteamiento puso sobre la mesa una cuestión central: la responsabilidad sobre lo que ocurre en las redes sociales no puede recaer únicamente en quien las utiliza; también debe analizarse cómo están diseñadas las plataformas y sus algoritmos para mantener a las personas conectadas.

Iyer explicó que estos algoritmos suelen optimizar comportamientos inmediatos: en qué hacemos clic, qué comentamos y cuánto tiempo permanecemos frente a determinado contenido. Para explicarlo utilizó un ejemplo sencillo: una persona puede querer comerse una dona en ese momento, pero al mismo tiempo aspirar a llevar una alimentación saludable. Las plataformas, sostuvo, suelen responder al deseo inmediato y a mantener la interacción.

Los datos expuestos dimensionaron el problema. En una encuesta entre adolescentes estadounidenses, 70 por ciento dijo sentirse manipulado por las plataformas; 45 por ciento consideró que pasa demasiado tiempo en redes sociales; otro 45 por ciento señaló afectaciones en el sueño y 40 por ciento reconoció perjuicios en su productividad.

Más preocupantes fueron las cifras relacionadas con la seguridad de los menores. Una investigación interna de Meta, revelada durante un litigio en Nuevo México, encontró que 13 por ciento de los usuarios de Instagram de entre 13 y 15 años había recibido alguna insinuación sexual no deseada durante los siete días anteriores, mientras que 19.2 por ciento había visto desnudos o contenido sexual que tampoco había solicitado.

La palabra clave, insistió el especialista, es “no deseado”. Los menores no necesariamente buscan esos contenidos; pueden ser los propios sistemas de recomendación los que los colocan frente a ellos porque determinados materiales consiguen captar con mayor facilidad su atención.

El problema no se limita a Estados Unidos. Una investigación de la Comisión de Seguridad Digital de Australia entre más de tres mil menores de 10 a 17 años encontró que 47 por ciento había visto comentarios ofensivos o sexistas contra niñas y mujeres, 47 por ciento videos de peleas y 46 por ciento retos peligrosos en internet.

Entre los mecanismos que favorecen el uso prolongado, Iyer señaló el scrolling infinito, la reproducción automática, las notificaciones, el conteo de “likes”, la gamificación y configuraciones de privacidad demasiado laxas, que pueden facilitar contactos no deseados con menores.

El especialista también expuso que las plataformas pueden diseñarse de otra manera. Citó el caso de Nuevo México, donde una resolución judicial obliga a Meta, durante cinco años, a adoptar medidas como reforzar la verificación de edad, mantener privadas por defecto las cuentas de adolescentes, ocultar el conteo público de “likes” para menores de edad, desactivar notificaciones durante la noche y el horario escolar, establecer límites de tiempo de uso y restringir el contacto de adultos desconocidos con menores.

También deberá impedir intercambios románticos o sexualizados entre menores de 18 años y los chatbots de inteligencia artificial de Meta, incluyendo situaciones que puedan generar algún tipo de apego del menor hacia estos productos.

Durante la ronda de preguntas, el debate se amplió hacia la responsabilidad de las propias empresas. Ante el cuestionamiento de cómo imponer restricciones cuando existen intereses comerciales detrás de las plataformas, Iyer comparó la regulación tecnológica con las normas de seguridad aplicables a otras industrias: así como los constructores deben cumplir reglas para garantizar edificios seguros, las empresas tecnológicas pueden adaptar el diseño de sus productos para proteger a sus usuarios.

También se abordaron las consecuencias físicas y emocionales del uso excesivo. El especialista señaló que un estudio encontró un promedio de cinco horas diarias de utilización entre menores, lo que significa que algunos pueden permanecer ocho horas o más conectados, restando tiempo al ejercicio, al descanso y a otras actividades necesarias para su desarrollo.

A ello se suman posibles afectaciones como ansiedad, depresión, comparación social y contactos con desconocidos. Iyer relató incluso situaciones en las que menores son engañados para entregar imágenes íntimas que posteriormente son utilizadas para chantajearlos.

El especialista reconoció que todavía no se conocen todas las consecuencias a largo plazo, pero sostuvo que ya existe suficiente información sobre la importancia del sueño, el ejercicio y la salud emocional para actuar antes de que los daños sean mayores.

La responsabilidad de las familias también entró en la discusión. Iyer consideró necesaria la orientación a madres y padres, pero advirtió que no puede depositarse toda la carga sobre ellos cuando los propios productos están diseñados para dificultar que niñas, niños y adolescentes se desconecten.

Regular, insistió, no significa estar en contra de la tecnología ni restringir el acceso a la información. El objetivo es distinguir entre productos con mejores diseños y aquellos cuyos mecanismos pueden fomentar usos excesivos o exponer a los menores a riesgos.

Sheinbaum retomó esta idea al cierre y marcó la ruta que seguirá México: primero se debatirá en los Consejos Técnicos el uso de celulares dentro de las escuelas y posteriormente continuará la discusión nacional sobre plataformas digitales, contenidos no solicitados, contacto de adultos con menores y mecanismos como el scrolling infinito.

“No es solamente un asunto de que el gobierno diga: ‘vamos a hacer esto’”, enfatizó la Presidenta.

La intención es que madres y padres de familia conozcan también lo que está ocurriendo, los efectos que se han documentado y las medidas que otros países están adoptando para proteger a niñas, niños y adolescentes.

El propio documento presentado por la Secretaría de Educación Pública establece que el trabajo de Iyer está enfocado precisamente en rediseñar las plataformas para reducir daños, proteger a niñas, niños y adolescentes y mejorar la calidad de las interacciones digitales.

Por ahora, el siguiente paso tiene fecha: 24 y 25 de agosto. Más de un millón de maestras y maestros tendrán voz en la discusión y podrán proponer qué hacer con los celulares dentro de las escuelas.

Después vendrá el debate nacional sobre un desafío todavía mayor: cómo aprovechar la tecnología sin permitir que su diseño termine perjudicando a quienes deberían estar más protegidos.