Centro de Familia, Bioética y Sociedad pide a la SCJN evitar criterios que sustituyan el debate sobre el aborto

Al señalar la urgente necesidad de un diálogo amplio, informado y plural, que permita construir soluciones que realmente acompañen a las personas y respeten la dignidad de toda vida humana, el Centro de Familia, Bioética y Sociedad, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a no sustituir el debate democrático con interpretaciones jurídicas en materia del aborto.

“Hacemos un llamado respetuoso a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para que actúe con autocontención institucional, preserve la esfera de competencia de los otros poderes y evite imponer criterios que, en los hechos, sustituyen el debate democrático”, señaló.

Lo anterior, luego de que la Corte resolvió por unanimidad dos asuntos sobre aborto “que marcan un punto de inflexión en la relación entre el Poder Judicial, la política sanitaria y el debate social en México”.

En la contradicción de criterios 125/2025, la Corte estableció como jurisprudencia que los jueces pueden ordenar no solo la atención a quien promueve un amparo, sino también la implementación y difusión de servicios de aborto voluntario cuando este sea legal en la entidad. Y, en el amparo en revisión 426/2025, relativo a Tamaulipas, se inaplicaron normas que protegían la vida desde la concepción y penalizaban el aborto, y además se ordenó brindar el servicio a la parte quejosa junto con la adopción de capacitaciones, programas de difusión y acciones institucionales dentro del sistema de salud.

Por ello, el Centro de Familia, Bioética y Sociedad advirtió que estas decisiones “no pueden leerse únicamente como resoluciones técnicas. Su alcance es más amplio y plantea interrogantes de fondo sobre el modo en que se están tomando decisiones en temas profundamente humanos. El juicio de amparo, concebido históricamente como un mecanismo de protección individual, se utiliza aquí para desencadenar cambios estructurales”.

Destacó que, la Corte se encaminó a adoptar una interpretación expansiva que permite ordenar medidas con efectos más amplios en materia de salud, lo que a decir de la organización civil, se traduce en la obligación de reorganizar servicios, capacitar al personal y difundir políticas, lo que desdibuja los límites tradicionales del amparo.

Además, destacaron su preocupación, sobre la reconfiguración del equilibrio de poderes. “La implementación de servicios de salud, la asignación de recursos y el diseño de programas públicos son tareas que corresponden a las autoridades electas y a los órganos administrativos. Cuando el Poder Judicial asume estas funciones, no solo interpreta la ley, sino que incide directamente en la conducción del Estado”.

La organización consideró que no es un asunto meramente formal, sino una cuestión que afecta la legitimidad de las decisiones y la posibilidad de construir consensos sociales en temas complejos.

Consideró que, en el plano de los derechos, las resoluciones privilegian una lectura centrada en la autonomía reproductiva sin desarrollar plenamente la tensión con la protección de la vida humana en sus etapas iniciales.

Refirió que, el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece un mandato que no puede ser desplazado sin una argumentación sólida. “La ausencia de una ponderación más profunda deja sin resolver una de las cuestiones centrales del debate: cómo armonizar los derechos en conflicto sin invisibilizar a ninguno de los sujetos involucrados”.

El Centro de Familia, Bioética y Sociedad, consideró que “la incorporación del aborto como un servicio de salud impulsado desde decisiones judiciales modifica la forma en que la sociedad procesa este tema. Se reduce el espacio para una deliberación pública amplia y se limita la posibilidad de explorar políticas integrales que acompañen a la mujer, especialmente en contextos de vulnerabilidad. Existe el riesgo de que, en lugar de ampliar las opciones reales, se consolide una respuesta institucional única frente a situaciones que requieren un abordaje más complejo y humano, como es el caso del aborto”.

Por ello, señalaron que, desde una perspectiva bioética, estas resoluciones reflejan una tendencia a simplificar un problema que, por su naturaleza, exige una mirada integral. “La bioética no puede reducirse a la afirmación de un solo principio, sino que requiere reconocer la dignidad de toda vida humana y las condiciones concretas en las que se toman las decisiones. Cuando este equilibrio se pierde, el derecho corre el riesgo de ofrecer respuestas incompletas a realidades profundamente complejas.

“Como institución dedicada al estudio de la familia, la bioética y la sociedad, consideramos que el debate no debe cerrarse en sede judicial ni resolverse mediante un activismo que desborde sus cauces constitucionales, pues su expansión compromete la división de poderes y debilita el sistema de pesos y contrapesos”, advirtió.