Destacadas
Llega al Senado el Plan B de la reforma electoral
El denominado Plan B en materia electoral propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum se entregó esta tarde a la Mesa Directiva del Senado de la República y en él se contempla que la persona titular del Ejecutivo Federal podrá promover el voto a su favor en una revocación de mandato.
De acuerdo con el documento presentado por el enlace de Gobernación con el Congreso de la Unión, Juan Ramiro Robledo Ruiz, “la persona sujeta a revocación (de mandato) podrá difundir el proceso y promover el voto a su favor en los términos.
La revocación de mandato se podrá solicitar a partir del tercer año de gobierno del titular del Ejecutivo federal en turno.
“Se podrá solicitar en una sola ocasión y durante los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo constitucional”.
‘Queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas’
Asimismo, “queda prohibido el uso de recursos públicos para la recolección de firmas, uso de tiempos oficiales, así como la contratación de propaganda con fines de promoción y difusión relacionados con los procesos de revocación de mandato”.
Y durante los sesenta días anteriores a la jornada para la revocación de mandato deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno.
En el artículo 115 constitucional se establece que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal, una sindicatura y de siete hasta quince regidurías, lo que pone un límite a su conformación.
Asimismo, señala que las Constituciones estatales deberán establecer que el presupuesto anual de las legislaturas locales no exceda del 0.70% del presupuesto de egresos de la entidad federativa correspondiente.
Plan B va por consejeros electorales
La iniciativa presidencial propone que “las remuneraciones de los consejeros electorales, magistrados electorales, secretarios de órganos administrativos y titulares de áreas ejecutivas y técnicas u homólogos del Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos locales electorales y los tribunales electorales de las entidades federativas, no excederán el límite establecido en el artículo 127 de esta Constitución y no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.