Avanza la investigación que vincula a Lucho Herrera con la desaparición de sus vecinos

Tras conocerse la sentencia que vincula al reconocido exciclista Luis Alberto “Lucho” Herrera con la desaparición forzada y homicidio agravado de cuatro campesinos en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca, nuevas revelaciones han salido a la luz mientras avanzan las investigaciones judiciales.

De acuerdo con lo conocido en días recientes, dos exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare señalaron a Herrera como presunto autor intelectual del crimen, el cual fue declarado como de lesa humanidad, condición que impide su prescripción.

Los hechos se remontan a octubre de 2002. Desde entonces, las familias de Gonzalo Guerrero Jiménez, Diuviseldo Torres Vega y los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez viven en medio de la incertidumbre y el dolor.

A estas declaraciones se suma ahora el testimonio de un tercer exparamilitar: Héctor Díaz, alias “Camargo”, quien fue jefe de una estructura urbana del grupo criminal, confesó ante un juzgado de Fusagasugá haber estado presente en la camioneta utilizada para secuestrar a los vecinos del exciclista. Según su relato, el operativo fue ejecutado por orden del comandante alias “Martín Llanos”, tras una supuesta reunión con Herrera. Los paramilitares se habrían hecho pasar por agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para llevarse a las víctimas.

Uno de los testigos del secuestro, Andrés Rodríguez, tenía apenas 13 años cuando presenció cómo su tío era forzado a subir a una camioneta la noche del 23 de octubre de 2002. La denuncia fue interpuesta al día siguiente ante la Fiscalía, pero solo hasta 2018 las autoridades informaron sobre el inicio formal de una investigación, la cual, según la familia, no presentó avances significativos por varios años. Solo hasta ahora, 23 años después se conocen avances del caso y en gran medida esto responde a la visibilidad que la investigación de Noticias Uno ha dado al caso.

A comienzos de abril de 2025, las familias de las víctimas recibieron finalmente la sentencia contra los exparamilitares implicados en el caso. No obstante, el fallo ha generado dudas entre los parientes de los desaparecidos, tanto por la falta de claridad en algunos de sus apartados, por ejemplo la vinculación del mismo Lucho Herrera o los motivos del crimen, así como por el doloroso hecho de que la justicia aún no ha logrado ubicar los cuerpos de las víctimas.

Según revelaciones del periodista Daniel Coronell, desde 2014 existían testimonios ante la Fiscalía que vinculaban directamente a Lucho Herrera con los crímenes. Sin embargo, solo hasta este año se compulsaron copias para abrir una investigación formal contra el exdeportista, quien era vecino de las víctimas. Este giro en el proceso fue posible gracias a la declaración del caso como delito de lesa humanidad, a la presión de los familiares y al papel fundamental de los medios de comunicación al visibilizar la denuncia.

Actualmente, equipos forenses realizan exploraciones en una zona rural ubicada entre Silvania y Fusagasugá, en Cundinamarca, donde se presume que estarían los restos de los cuatro campesinos. Si bien las versiones entregadas por los exparamilitares presentan inconsistencias, coinciden en señalar que los cuerpos fueron sepultados en al menos dos fosas en ese sector.