Propone Dip Lorenia Valles legalizar y crear impuesto a cigarro electronico

Palacio de San Lázaro, a 23 de octubre de 2020.- Con el propósito de salvaguardar el derecho a la salud de personas fumadoras y ex fumadoras, así como el interés superior de niñas, niños y adolescentes, la diputada federal Lorenia Valles Sampedro presentó una iniciativa con proyecto de decreto que busca reformar diversas disposiciones de la Ley General para el Control del Tabaco y de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a fin de regular el mercado de los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina (SEAN), Sistemas Similares Sin Nicotina (SSSN) y Productos de Tabaco Calentado (PTC).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT), en México hay alrededor de 975 mil usuarios regulares de cigarro electrónico, que representan 1.1% de los 14.9 millones de fumadores de entre 12 y 65 años de edad. Al respecto, la diputada de MORENA expone que en los últimos años ha proliferado un mercado negro que comercia dispositivos de vapeo sin que haya certeza sobre su calidad, vulnerando la salud de los adultos consumidores que buscan alternativas para dejar de fumar, además de que están al alcance de los menores de edad.

Valles Sampedro refiere que el mercado ilegal en torno a esos productos se ha fortalecido, sobre todo a partir de que la COFEPRIS incluyó a los dispositivos de vapeo en su interpretación del artículo 16, fracción VI de la

Ley General para el Control del Tabaco, que considera la prohibición de comerciar, vender, distribuir, exhibir, promocionar o producir cualquier objeto que no sea un producto del tabaco, pero sea identificado como tal. Lo cual se agravó con el decreto emitido por el Ejecutivo federal el 19 de febrero de 2020, que prohíbe la importación y exportación de esos dispositivos.

Refiere que esta situación continúa a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado, mediante cuatro amparos otorgados en 2015, 2017 y 2019, que la prohibición absoluta de esos dispositivos no es una medida constitucionalmente proporcional y adecuada, pues vulnera los derechos al libre comercio y al libre desarrollo de la personalidad.

De igual forma, asegura que existen experiencias de política pública consideradas buenas prácticas internacionales, donde el cigarro electrónico se ha implementado como parte de sus políticas de salud pública para combatir el tabaquismo. Es el caso de Reino Unido y Nueva Zelanda, en los que esta medida ha contribuido a reducir la adicción al tabaco.

La diputada sonorense busca incorporar a los SEAN, SSSN y PTC en la Ley General para el Control del Tabaco, excluyéndolos de la prohibición contenida en el artículo 16, fracción VI de la misma. Propone una regulación basada en evidencia científica y proporcional a sus riesgos a la salud, los cuales -explica- según instancias internacionales como la Public Health England, “son al menos un 95 por ciento menos dañinos, debido a que las concentraciones de toxinas y partículas dañinas encontradas en el vapor de estos dispositivos son generalmente mucho más bajas que en el humo del tabaco”.

Además de prohibir la venta a personas menores de 18 años, plantea impedir su comercialización en instituciones educativas hasta nivel medio superior y su uso en espacios 100% libres de humo de tabaco y vapor. Asimismo, reglamentar la publicidad y establecer un etiquetado claro que incluya la leyenda: “Este producto contiene nicotina. La nicotina es un químico adictivo”.

En cuanto a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, el proyecto legislativo considera asignar una carga fiscal de $1.00 pesos por

mililitro del líquido para los SEAN y SSSN, lo que aumentaría la recaudación fiscal y el Estado contaría con más recursos para financiar la salud.

Igualmente, al ser el cigarro electrónico una medida de reducción de daños, disminuiría el gasto destinado al tratamiento de enfermedades asociadas al tabaquismo, que -expone- en 2017 costaron 81 mil 132 millones de pesos al erario, de acuerdo con el reporte “El tabaquismo y su efecto en las finanzas públicas: 2007-2017” de la Cámara de Diputados.

Esta propuesta está sustentada en buenas prácticas internacionales de la Unión Europea, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, en los que se concibe un impuesto proporcional a los riesgos a la salud y menor al pagado por los productos de tabaco, para que los precios no sean prohibitivos para los fumadores que buscan una alternativa al cigarro convencional, pero que inhiba la compra por parte de menores de edad.

La iniciativa fue turnada a las comisiones de Salud y de Hacienda y Crédito Público para su dictamen, así como a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para opinión.

Actualización:

En el marco de la comparecencia de los funcionados de salud del Gobierno de México ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la diputada Lorenia Valles Sampedro y los diputados Emmanuel Reyes Carmona, Ricardo Delsol Estrada y Éctor Jaime Ramírez Barba entregraron una carta al secretario de Salud, Dr. Jorge Alcocer Varela, solicitando analizar de forma conjunta las iniciativas relacionadas con la regulación del vapeo que se encuentran en proceso de dictamen, a fin de impulsar un marco regulatorio que proteja los derechos de los adultos consumidores de dispositivos de vapeo.