México.- La titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, señaló que el problema social del embarazo adolescente está asociado a los niveles de pobreza y desigualdad en la población pues significa falta del ejercicio de los derechos y oportunidades de las mujeres.
Lo anterior sucedió durante una reunión del Grupo Interinstitucional de Prevención del Embarazo Adolescente (GIPEA), donde además Gasman dijo que aunque ha disminuido, la tasa de embarazo adolescente en México sigue siendo alta: 70 por cada 100 mil mujeres de entre 15 y 19 años de edad.
También reiteró que hasta 2019, cada día 32 niñas entre 10 y 14 años, en promedio, se convierten en mamás producto de una violación que queda impune, por lo que enfatizó en la urgencia de erradicar definitivamente la violencia contra las niñas.
La titular de Inmujeres dijo que parte de los compromisos asumidos son el fortalecimiento de ampliación de servicios de salud sexual y reproductiva y subrayó que el embarazo, la maternidad y la crianza deben ser elecciones tomadas desde la autonomía, la libertad y el ejercicio de los derechos de las mujeres.
Segob presenta decálogo para enfrentar embarazo adolescente
Durante la misma reunión en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero presentó un decálogo para la atención del problema que prioriza políticas públicas con enfoque sexual y reproductivo.
En las medidas presentadas también se establece la necesidad de aumentar la coordinación interinstitucional y de autoridades locales para combatir este fenómeno; presupuesto etiquetado para adquirir métodos anticonceptivos y aumentar la oferta de servicios de salud.
Otro rubro importante es prevenir, atender y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres; estrategias orientadas a prevenir y retrasar un segundo embarazo entre adolescentes y fortalecer planes de enseñanza en materia de educación sexual.
Finalmente, Sánchez Cordero hizo un llamado para que los compromisos se reflejen en acciones de gobierno estatal y organizaciones de la sociedad civil, por el beneficio y desarrollo pleno de la niñez y adolescencia.