El Gobierno de la República comprometido con el abatimiento de la pobreza

Rafael Ramírez Villaescusa[1]

El pasado 23 de julio el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) dio a conocer los resultados de la última evaluación sobre el estado de la pobreza en México.

Los datos, si bien no resultan lo positivo que todos quisiéramos, son en varios aspectos alentadores: se disminuyeron importantes rezagos sociales como los relacionados con la calidad en espacios y servicios básicos en las viviendas, se logró que un mayor número de personas cuenten con acceso a los servicios de salud, se ha ampliado el acceso a la seguridad social y se ha disminuido de forma sostenida el rezago educativo.

En cuanto al ingreso de los mexicanos, según la última Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI, se experimentó un incremento en poco más del 2% en el ingreso real de los hogares más pobres (primer decil), que contrasta con la reducción de aproximadamente un 3% en el resto de los hogares. Lo anterior significó que mientras la pobreza extrema disminuyó en el campo y en las ciudades y también en grupos sociales tan importantes como los niños y los adultos mayores, la pobreza moderada se incrementó a costa de las clases medias.

Sin embargo, es pertinente señalar que el estudio del CONEVAL evalúa la situación imperante durante los primeros 18 meses de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto.

Por tanto, no está aún registrado el impacto de las reformas estructurales acaecidas en el transcurso de 2014 y piedra angular para el desarrollo económico en  nuestro país. Estoy convencido de que la mejor arma para el combate a la pobreza es la generación de empleos bien remunerados y para ello debemos crecer a tasas mayores a las hasta ahora registradas. En este sentido, las reformas estructurales representan la gran oportunidad para que México se consolide como un país competitivo y atractivo para las inversiones.

Como muestra de lo anterior, debemos destacar que durante el primer trimestre de 2015, el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza presentó el mayor descenso en 4 años y medio, lo que significó que más personas pudieran adquirir alimentos con su ingreso laboral. Lo anterior no se explica en su totalidad si no es gracias a la disminución de los costos en la luz, de la telefonía, a la eliminación del incremento mensual en el precio de la gasolina, entre otros. Existen además otros datos alentadores como el crecimiento experimentado en la inversión privada, en el consumo de las familias y en la generación de empleos, mismos que durante el primer semestre de 2015 fueron mayores a los observados en los últimos 10 años.

Existen, sin embargo, temas que deben ser tomados en cuenta para potenciar nuestro crecimiento económico y generar así el número de empleos requeridos para mejorar de forma sostenida el ingreso de los mexicanos: la reforma judicial en materia civil y mercantil es uno de ellos. El sistema económico de mercado requiere de un marco jurídico predecible y de eficaz ejecución, de tal forma que el engranaje de las obligaciones legales opere bajo el amparo  de la ley.

El rubro de la seguridad pública también es de ineludible importancia: la inseguridad inhibe a la inversión y al crecimiento económico, afectando además las pautas de socialización y consumo de los ciudadanos. Finalmente y siguiendo a los informes de Transparencia Mexicana, no podemos soslayar el hecho de que año con años millones de pesos se destinan al pago de sobornos y esto tiene un efecto particularmente negativo en el gasto de las familias con menos ingreso, por lo que el combate frontal a la corrupción debe de ser una de nuestras mayores prioridades.

La pobreza es un fenómeno multidimensional, por tanto la atención que desde el ámbito de las políticas públicas se le presta debe ser también a través de un enfoque integral. La estrategia presidencial de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) apunta en dicho sentido. El combate a la pobreza, desde la óptica del Gobierno de la República, debe ser una acción focalizada. Por ello, la CNCH se ha propuesto disminuir el número de personas que se encuentran en situación de pobreza extrema con carencia alimentaria, pues entendemos que se trata de la población más vulnerable.

En Sonora la acción coordinada del Gobierno Federal en el marco de la CNCH ha rendido buenos frutos. De acuerdo cifras del CONEVAL, Sonora se ubicó dentro de los 5 primeros lugares en el abatimiento de la pobreza extrema, reduciendo los rezagos existentes en materia de acceso a la salud, a la educación, a la seguridad social, a los servicios básicos en la vivienda y a la alimentación.

Fuera de lo que es una opinión bastante extendida pero no por ello correcta, la política social del Gobierno Federal es cada vez menos asistencialista. Así lo demuestra la reciente transformación del Programa Oportunidades en PROSPERA, al hacer de la inclusión productiva y financiera, así como de la ampliación en los esquemas de becas, ejes torales de la política social federal. Hoy el Gobierno de la República quiere que sean los propios ciudadanos quienes bajo un enfoque de empoderamiento a través del conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos, puedan salir adelante por sus propios medios. En éste sentido el Gobierno de la República se convierte en un facilitador que, sin abandonar las políticas de asistencia tan necesarias, ayude a proveer los instrumentos básicos para que las personas desarrollen sus propias potencialidades.

La Secretaría de Desarrollo Social continuará firme en su compromiso para la erradicación de la pobreza extrema. Hoy contamos con un mejor marco jurídico para el desarrollo, aunque que como todo resulte perfectible. Además, la administración pública federal se apresta a un rediseño estructural y de programas que permita hacer frente a la inestabilidad económica internacional, garantizando con ello la estabilidad macroeconómica. El Presidente Peña Nieto ha sido muy claro en su instrucción para Mover a México a través de la política social. Seguiremos trabajando.

[1]Doctor en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Subdelegado de Desarrollo Social y Humano de la SEDESOL en Sonora.